El director general de Industria, Alfonso García, anunció ayer que ya se han dado los primeros pasos para la realización de una exhaustiva campaña de control de las viviendas certificadas. Su departamento, afirmó, abrirá o impulsará que se abra expediente a los profesionales que no realicen adecuadamente las certificaciones de eficiencia energética en la Región.
Este anuncio llega después de la alerta del decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales de la Región, José Antonio Galdón, sobre el grado de incumplimiento en el rigor de las certificaciones de eficiencia energética. Los datos de las inspecciones realizadas para verificar la idoneidad de las testificaciones son alarmantes ya que muestran que el 90% están mal hechas, según se puso de manifiesto en la jornada técnica Certificación Energética de Edificios, organizada por la Consejería de Industria, Turismo, Empresa e Innovación en el Archivo Regional de Murcia.
Galdón afirmó que «ha habido 26 inspecciones para evaluar la certificación hecha en edificios y locales de uso terciario con un resultado alarmante: 23 estaban mal ejecutadas; es decir, casi el 90% no sirven para nada y han generado un gasto inútil». Y remarcó que «la estadística horroriza al sentido común».
Tras estos datos el director general de Industria explicó que actualmente se están terminando de perfilar los requisitos del concurso para adjudicar el control de las certificaciones a una empresa independiente, «con el fin de que se realicen con el mayor rigor y objetividad posible». Se revisarán 700 viviendas para que la muestra sea representativa de la población total, que se eleva a unas 15.000. Considera, además, que una muestra menor supondría extraer conclusiones «precipitadas o erróneas».
El director general remarcó que la Comunidad «no es responsable de las certificaciones energéticas, que son acometidas por profesionales que han realizado una formación específica para ello», pero aclaró que «en ningún caso han sido evaluados ni autorizados por la Comunidad».
García explicó que la Administración regional «está ejerciendo sus funciones con el mayor rigor», que son las de control de las certificaciones que ya se han realizado.
